El Poder Ejecutivo socializó este martes el proyecto de ley que modifica la actual normativa de emergencia sanitaria por coronavirus. La propuesta a ser remitida al Congreso establece, por ejemplo, hasta cinco años de cárcel para el funcionario público que vacune irregularmente a una persona y hasta seis años de prisión para quienes hurten los biológicos. La iniciativa surge tras el polémico caso de la exsenadora colorada Mirta Gusinky, quien había recibido la dosis anticovid sin estar en la franja etaria de vacunación.
El asesor de la Presidencia de la República, Hernán Hutteman, detalló que en su artículo 23, la nueva ley propuesta prevé un tipo penal que establece que todo funcionario que valiéndose de su cargo, lograse que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación, será pasible de pena privativa de libertad de hasta cinco años. Además, esta persona quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos – electivos o no – por un periodo de 10 años.
En tanto, las personas que hagan uso de la inmunización sin corresponderle, tendrán sanciones que, dependiendo de la gravedad del caso, irán de 5 a 300 jornales mínimos.
Por otra parte, aclaró que cuando la ley habla de “el funcionario” que use la vacuna indebidamente, ya incluye “al que aplica la vacuna, al que llama a pedir, el que utiliza su influencia, entran todos aquí”, puntualizó el asesor.
Sanción para vacunados es “una discusión constitucional”
En contrapartida, explicó que existe un debate en el Ejecutivo relacionado con la discusión constitucional sobre la persona que puede ser sancionada o no por recibir una vacuna. “Si bien transgredió los protocolos, está de por medio el derecho a la salud”, subrayó para explicar por qué el proyecto de ley no hace tanto énfasis en una pena privativa para el vacunado. Pero, aseguró, están abiertos a que el Congreso haga las modificaciones que estime pertinentes.
Ahora, para quienes hurten vacunas y las vendan, se establece pena privativa de libertad que va desde los 2 hasta los 6 años. También quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años.
Hutteman señaló que a partir de ahora el proyecto se pone e a consideración del Congreso Nacional para su eventual sanción. El proyecto se presentará a primera hora del miércoles, y desde Presidencia esperan que se le brinde la mayor celeridad posible.
Casos de vacunación VIP irán directo a la Fiscalía
En el caso de vacunación irregular actúa el Ministerio Público directamente con derecho penal, y cuando se habla de incumplimiento de medidas sanitarias, se aplicará el derecho administrativo sancionador.
Los fondos recaudados por las multas que se apliquen, serán destinados al Ministerio de Salud para el fortalecimiento del sistema.
Aclaró que una vez que la emergencia sanitaria culmine, esta ley quedará sin efecto.
Ley no es retroactiva para casos que ya ocurrieron
En cuanto a los responsables de las vacunaciones irregulares ya pasadas, como la ley no es retroactiva, son pasibles de sanciones administrativas que rigen la legislación, pero no de sanciones penales, “al menos según nuestra interpretación”, dijo el vocero de Presidencia.
No obstante, aclaró que se busca desincentivar conductas de corrupción de aquí en adelante.
Fuente: abc.com.py
