El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, presentó denuncia formal contra su antecesora Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga por supuesta lesión de confianza dentro del Ministerio Público y, a la vez, anunció la apertura de una investigación penal y la asignación de la agente fiscal Marlene González para ello.
El fiscal general Emiliano Rolón presentó ante su propia institución y asignó, posteriormente, al frente de la causa penal abierta contra la exfiscal general Sandra Quiñónez por presunta lesión de confianza a la fiscala Marlene González de Ovelar, de la Unidad N°10 de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Esto ante la constatación de una obra inconclusa de las oficinas de la Fiscalía Regional de Caazapá.
De acuerdo con el escrito de denuncia presentado por Rolón, el hecho se inicia con el contrato N° 111/2015, entre el Ministerio Público y el Consorcio MyG, referente a la Licitación Pública Nacional N° 17/2015 «Construcción de la sede para la Fiscalía Regional de Caazapá». En relación a dicho contrato, la firma «Royal Seguros SA» emitió las pólizas de fiel cumplimiento y anticipo de obra cuyo total arrojaba G. 2.735.952.145.
Ante el incumplimiento contractual del «Consorcio MyG», el 28 de noviembre de 2018, la entonces fiscal general Sandra Quiñónez, resolvió rescindir el contrato. Así, el 6 de diciembre de 2018, se comunicó a la aseguradora que la constructora incumplió la intimación de pago hecha el 29 de noviembre del 2018, por lo que se configuró el siniestro estatuido en la garantía y consecuentemente se debía pagar el monto asegurado.
Luego, el 20 de diciembre de 2018, la compañía de seguros notificó a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio Público que se designó a Ética Peritos Liquidadores para la elaboración de un informe de cuentas finales de la obra asegurada. En esta misma fecha, la firma Royal Seguros solicitó a la UOC información complementaria sobre el caso.
El 7 de enero de 2019, Ética Peritos Liquidadores solicitó otra información complementaria a la UOC, sin embargo dicho órgano del Ministerio Público se negó a responder los dos pedidos y en cambio, reiteró y solicitó a la aseguradora que se procese el pago de la póliza. El 29 de marzo, por su parte la aseguradora solicitó informes sobre los estados judicial y arbitral del contrato, a modo de dato complementario.
Derecho a reclamar indemnización prescribió en Sandra Quiñónez.
De acuerdo con los detalles de la denuncia, el 3 de julio de 2019, la UOC había remitido a Ética Peritos Liquidadores los documentos que le habían sido requeridos ya el 7 de enero del mismo año. Después, el 2 de octubre de 2020, a través de correos electrónicos a Ética Peritos Liquidadores y aseguradora, la UOC requirió un informe final sobre la liquidación del siniestro.
Las señaladas solicitudes fueron contestadas mediante las notas N° 6 y N°13 de octubre de 2020, en las que Royal y Etica habían señalado la nota recibida ya el 29 de marzo de 2019, por la UOC y reiteraron la solicitud de información complementaria. A raíz de este pedido, el 7 de octubre de 2020, la UOC pidió a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Fiscalía informar sobre los estados de los procesos, judicial y arbitral, sobre el contrato.
Posteriormente, a través del memorándum DAJ del 12 de octubre de 2020, se remitió el informe solicitado, el cual fue facilitado tanto a la aseguradora como a Ética, mediante notas UOC N° 481/20 y N° 494/20 del 13 de octubre de 2020, cumpliendo así con lo solicitado por Royal y Etica, el 29 de marzo de 2019.
Sin embargo, 26 de octubre de 2020, la aseguradora comunicó al Ministerio Público que su derecho a reclamar la indemnización había prescripto.
Fuente: abc.com.py
