El concejal Luis Silva (PLRA) se refirió al informe preliminar emitido por la Contraloría General de la República, que señala la falta de respaldo documental por montos millonarios en la administración municipal, situación que ha generado atención y cuestionamientos públicos.
Se habría detectado un faltante de documentos por aproximadamente 21 mil millones de guaraníes, lo cual no necesariamente implica un daño patrimonial, sino la ausencia de la documentación requerida para respaldar operaciones específicas solicitadas por la Contraloría. Según el concejal, la bancada liberal municipal se reunió con el intendente para conversar sobre el tema, y este explicó que no se pudo acceder desde la Contraloría a los datos solicitados en formato digital (correo o pendrive), ya que no habrían sido encontrados, aunque negó que exista alguna falta administrativa grave más allá de la ausencia de los documentos. Silva consideró que la situación puede estar siendo utilizada con motivaciones políticas más que administrativas, pese a que la Junta Municipal aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2024, incluso con la bancada colorada realizando fotocopias para verificarlas durante el análisis interno.
El concejal señaló que el intendente municipal solicitó una prórroga para presentar los documentos faltantes, y que aún no pudo confirmar si estos ya fueron remitidos oficialmente al Ejecutivo antes de la solicitud de la Contraloría. Silva evitó determinar si el aviso de falta de documentos ya fue presentado ante el organismo contralor o ante la fiscalía.
Sobre los puntos detallados en el informe preliminar, Silva explicó que uno de los cuestionamientos refiere a pagos por obras que no contarían con códigos de contratación emitidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En ese sentido, el concejal indicó que existen obras ejecutadas bajo el régimen de menor cuantía, para las cuales la administración tiene disponibilidad de contratación hasta 500 millones de guaraníes sin necesidad de pasar por la aprobación de la Junta, explicando que en estos casos el intendente no requiere intervención legislativa; mientras que contrataciones por encima de ese monto sí deberían involucrar a la Junta Municipal. Asimismo, aclaró que en algunos procesos de contratación pública se manejan sistemas diferentes cuando la licitación es cerrada, y que la empresa adjudicada realiza la obra y presenta la documentación correspondiente.
También se abordó la observación sobre cheques cobrados que no habrían sido registrados en planillas de órdenes de pago ni en el libro diario de contabilidad. Silva declaró que todos los movimientos y respaldos correspondientes sí están registrados en el libro contable del municipio y que la administración municipal presentará toda la documentación respectiva, afirmando que esta situación ya fue analizada y fiscalizada por el departamento jurídico y de contabilidad de la institución.
Estas declaraciones se dan en un contexto en el cual la Contraloría ha intensificado acciones de fiscalización en entidades públicas municipales y nacionales, presentando denuncias por irregularidades millonarias en varios municipios del país durante 2025, según informes oficiales del organismo fiscalizador.
