La gran convocatoria fue para exigir “ni un solo caso más de corrupción”, “cárcel para los que robaron” y una “rendición de cuentas detallada del uso de los préstamos” realizados durante la pandemia del coronavirus (Covid-19).
El Gobierno es fuertemente cuestionado por el uso de los fondos, que en una gran parte se destinó para el pago de salario de los funcionarios públicos, mientras que el Ministerio de Salud sigue sin ejecutar todo el monto transferido para equipar los hospitales. A esto se suman los casos de corrupción denunciados en diferentes instituciones públicas y las licitaciones con irregularidades en el marco de la crisis sanitaria y económica.
Entre tanto, también se pidió transparencia en el destino de los fondos públicos y de las nuevas deudas contraídas.
De la misma manera, se demandaron políticas económicas fuertes para sostener a las pequeñas y medianas empresas, a los profesionales independientes y a todos los trabajadores del sector privado, con énfasis en los de la zona de la frontera.
Asimismo, se solicitó una flexibilización para el acceso a créditos blandos, así como una reforma del Estado con la activa participación del sector privado en la mesa de diálogo. Fuente: ÚH














