Numerosas denuncias surgieron a través de las redes sociales sobre la supuesta manipulación de sectores carenciados de la población para la recolección de firmas a favor de la reelección presidencial por la vía de la enmienda.
Mientras el Gobierno se llena la boca con discursos de transparencia, nuevos rumbos y respeto a la Constitución y a las leyes, en la práctica queda más que claro que las viejas prácticas siguen siendo una constante en las diferentes dependencias estatales.
El oficialismo colorado apunta con todo a conseguir la reelección presidencial por la vía de la enmienda constitucional, y desde hace algunos días está en marcha una campaña de recolección de firmas para revestir de “pedido popular” las intenciones de atropellar la Carta Magna.
En los últimos días, quedó demostrado que la recolección de firmas se realiza hasta dentro de instituciones públicas, en una abierta violación a la ley de la Función Pública. Como si esto ya no fuera lo suficientemente grave, desde el gobierno aseguran que “no hay nada de malo” puesto que se trata de una “iniciativa ciudadana”.
Cuando el titular de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, señaló públicamente días atrás que las planillas no deberían estar en las entidades estatales, llamativamente se vio obligado a volver sobre sus propias palabras horas después y seguir la línea discursiva encabezada por el jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, Juan Carlos López Moreira, quien incluso reconoció no estar al tanto de lo establecido por la ley de la Función Pública.
Las irregularidades detrás de esta cuestión siguen sumando. En las últimas horas, varias denuncias han surgido a través de redes sociales como Twitter y Facebook o el servicio de mensajería instantánea WhatsApp sobre la supuesta manipulación de sectores carenciados de la población para conseguir más firmas.
Uno de los que realizó la denuncia pública fue el político liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien publicó fotografías de operadores colorados recolectando firmas de adultos mayores carenciados y de indígenas.
A través de los números de WhatsApp de ABC Digital y ABC Cardinal, lectores y oyentes denunciaron situaciones similares que se estaban dando en la zona de Sapucái, departamento de Paraguarí, donde operadores de un político oficialista con aspiraciones a gobernador o legislador habrían recorrido casas de personas de escasos recursos para solicitarles sus firmas.
Fuente: abc color
