En contacto con Radio Guairá AM, Héctor Pereira, vecino del barrio Santa Lucía, informó que la planta de criptominería de la empresa canadiense Bitfarms sigue operando en diversos horarios, a pesar de la imputación presentada por la Fiscalía. Desde 2024, las familias del barrio sufren los efectos de esta instalación, ubicada en plena zona urbana, donde los equipos generan ruidos constantes superiores a 75 decibeles, afectando la salud y el descanso de los residentes.
Pereira también señaló la escasez de agua en pozos comunitarios, atribuida a la sobreexplotación del recurso hídrico sin medidas compensatorias, lo que ha reducido las reservas disponibles para consumo doméstico.
El Ministerio Público presentó acusación por contaminación sonora, y el juicio fue reprogramado para abril de 2026, reflejando la necesidad de regular la minería de criptomonedas en zonas urbanas para proteger la salud y los recursos de la población.
El vecino lamentó que, aunque la intervención municipal fue rápida, el intendente no actuó como esperaban los ciudadanos. Indicó que los vecinos se sintieron atropellados ante la intención de cambiar la zonificación de urbana a mixta y luego a industrial, cuando la zona sigue siendo urbana.
Además, destacó que antes de la instalación de los tinglados de criptominería no se realizó un impacto ambiental ni se exigieron certificaciones o evaluaciones obligatorias, incumpliendo las normativas ambientales y de uso de suelo para actividades industriales en zonas residenciales. Según los vecinos, tampoco se respetaron las ordenanzas municipales de Villarrica para este tipo de instalaciones.
