Tras una denuncia por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, la Fiscalía abrió una investigación contra el presidente del Congreso Silvio Beto Ovelar, por la contratación de su hijo en la Cámara de Diputados.
La fiscala Natalia Fuster, de Delitos Económicos y Anticorrupción, dispuso la investigación de Silvio Beto Ovelar por la polémica contratación de su hijo en la Cámara Diputados. Poco puede avanzar el proceso mientras goce de fueros parlamentarios.
En las primeras diligencias, la agente solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja el legajo de Alejandro Ovelar y sus remuneraciones desde que ingresó hasta que salió de la institución.
La causa en realidad figura como “Innominada”, pero la denunciante y abogada Teresa Flecha explicó que tal vez no se adjuntaron las presentaciones donde ella menciona al senador.
En comunicación con radio Monumental 1080 AM, la profesional explicó que se está violando La Ley 2523 que sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
Se refirió principalmente al artículo 8, que habla de la administración en provecho propio, con una pena privativa de libertad de hasta 10 años para el funcionario “decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios indebidos para su provecho personal, o para su cónyuge o conviviente, o el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Al respecto Flecha insistió en que Ovelar es el administrador de los recursos que se utilizaron para contratar a su hijo Alejandro. Aunque sea presidente del Congreso y el joven haya trabajado en Diputados, la abogada explica que el presupuesto es el mismo.
Fuente: Ultima Hora
