La auditoría hecha al Hospital Regional de Villarrica tras la muerte de un bebé ocasionada por negligencias de infraestructura señaló que la habilitación hospitalaria, inaugurada por el presidente de la República, Santiago Peña, fue apresurada.
La auditoría hecha por la Superintendencia de Salud al Hospital Regional de Villarrica tras el caso de la muerte de un niño que fue atendido en la Unidad de Terapia Neonatal, que no estaba en funcionamiento, señala en su informe la posible influencia de factores no técnicos en su habilitación.
“La coincidencia entre la fecha de habilitación, 20 de febrero, y la inauguración oficial con cobertura mediática junto con la celeridad de las verificaciones en un intervalo de 24 horas sugiere una planificación deficiente o apresurada que podría haber condicionado a la objetividad del acto técnico de habilitación”, se señala en el documento.
Además, en el apartado de conclusiones de la auditoria se manifiesta que la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Regional de Villarrica fue habilitada sin el cumplimiento efectivo y documentación de los requisitos establecidos por la normativa vigente, lo que representó una habilitación prematura, sin garantía de operatividad real al momento de la misma.
Asimismo, se señala que al momento de su inauguración, la Unidad no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Salud, lo que configura una transgresión al marco reglamentario que rige a los establecimientos sujetos a supervisión por parte de la Superintendencia de Salud.
Se verificó además una “desarticulación funcional” entre las instancias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, reflejada en la falta de comunicación formal, y la Dirección General de Redes y Servicios sobre la habilitación, operatividad y posterior cierre de la UTI, lo que evidencia debilidades estructurales en la gobernanza y en el trabajo en red.
Sobre el caso del bebé fallecido, se menciona que la UTI Neonatal no estuvo disponible para la atención del neonato, lo que obligó a una derivación urgente y evidenció “una falta de planificación, ausencia de protocolos operativos y debilidad en la gestión institucional de recurso habilitado”.
De igual modo, sobre el Sistema de Emergencias (SEME) se considera que la respuesta fue inadecuada al registrarse demoras evitables, problemas logísticos y falta de coordinación.
Senadora culpa al Ministerio de Salud
La senadora opositora Esperanza Martínez se refirió a la auditoria y señaló que la responsabilidad es del Ministerio de Salud, a cargo de la ministra María Teresa Barán.
“A veces es un médico el que tiene un acto fallido o una incompetencia o una impericia; acá es la institución, porque acá los pasos que corresponden al Ministerio de Salud para garantizar el funcionamiento adecuado, a tiempo, y, sobre todo, no mentirle a la ciudadanía de que teníamos un servicio que no teníamos, tenerle a una familia con un bebé en riesgo internado en la institución, creyendo que estaba al servicio y no estaba, es un error institucional”, consideró la senadora Esperanza Martínez.
La legisladora, que se desempeñó como ministra de Salud durante el gobierno de Fernando Lugo, agregó que no se le puede atribuir la responsabilidad al médico que atendió al niño, sino a la institución que “mintió descaradamente”.
En ese sentido, aludió a una visita hecha por la actual ministra de Salud, María Teresa Barán, al Congreso, en la que había afirmado que la Unidad se había habilitado el día anterior a la inauguración y que estaba todo en orden.
“Sin embargo, era evidente, se habilitó, se cerró por varios días, nunca fue utilizada y cuando hubo un caso incluso el niño falleció. De modo que no hay excusas y el ministerio tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de la muerte de este niño y el presidente de la República tiene que hacer los cambios de todo el equipo responsable de este acto que fue de propaganda política y no realmente una política pública”, agregó Martínez.
Fuente: Ultima Hora
