En declaraciones a RADIO GUAIRA AM 840, la concejal departamental Jazmín Girala explicó los motivos de su voto en contra de la rendición de cuentas del Gobernador.
Según detalló, los documentos ingresaron el 17 de febrero y, debido al volumen y la complejidad de los mismos relacionados con costos, contrataciones, ingresos y egresos, solicitaron a la administración mayor información sobre algunos puntos específicos, además de una prórroga para profundizar el análisis.
Sin embargo, afirmó que no recibieron respuesta y que, al 26 de febrero, sin haber transcurrido siquiera diez días desde la entrega oficial para el escrutinio, ya se convocó a una sesión extraordinaria en la que finalmente se aprobó la rendición.
Entre los aspectos que le generaron preocupación y sobre los cuales quiso ahondar, mencionó el respaldo documental de los datos proveídos y el costo de varias obras, que consideró significativamente altos. También cuestionó inversiones destinadas a entidades privadas como el IPS, señalando que solo alrededor del 1% de la población del Guairá está asegurada en la previsional, por lo que a su criterio los recursos deberían ajustarse más a la realidad del guaireño y priorizar necesidades más amplias de la ciudadanía.
En cuanto a las obras viales, indicó que si bien se ejecutaron varios proyectos y reconoció que no existen “obras fantasmas”, consideró que debe haber mayor responsabilidad en los costos de ejecución.
Otro punto señalado fue el aporte económico de aproximadamente 4.000 millones de guaraníes a la Comisión de Progreso y Desarrollo Departamental 13 de Junio, organización civil que opera en el Departamento del Guairá y colabora con instituciones públicas en distintos distritos. Según manifestó, el 50% de esos fondos se habría ejecutado mediante transferencias y no a través del proceso administrativo que correspondería.
Finalmente, expresó su preocupación por la distribución de la ayuda social, señalando que según su percepción gran parte estaría orientada al padrón del Partido Colorado, cuando los recursos públicos deberían beneficiar a todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.
