Asunción, Agencia IP.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto hecho de intento de estafa a la institución en la operación de compra de un inmueble de 1.400 hectáreas del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Esta finca, mediante un acuerdo irregular del 2022, se pretendía canjear por tierras en el Chaco paraguayo.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que el intento de estafa urdido en 2022 fue evidenciado cuando la Dirección de Registros Públicos reportó que las 1.400 hectáreas, valuadas en 14.136.000 dólares, corresponden a tierras fiscales, por lo que no podía realizarse la operación.
«Ahí lo que corresponde es hacer una mensura, pasar a nombre del Indert y luego transferir a los ocupantes que son beneficiarios de la reforma agraria,unas 160 familias nucleadas en la Comisión Paz del Chaco. Acá se aprovechó una debilidad institucional, y se produjeron instrumentos públicos supuestamente falsos para poder estafar al Indert», afirmó el presidente.
Detalló que el intento de estafa incluyó un acuerdo irregular entre la expresidenta del Indert, Gail González Yaluff, y una persona identificada como Héctor Urbano Parodi, quien sería funcionario público de la municipalidad de San Lorenzo. El acuerdo contempló una permuta, que ni siquiera fue aprobada por la Junta del Indert, de la finca de Itakyry a cambio de tierras en el Chaco paraguayo.
El presidente del Indert refirió que en octubre 2024 la actual administración ya había emitido una resolución en la que se rechazaba el acuerdo irregular de permuta.
«A la fecha, la finca se encuentra bajo resguardo y con investigación del Ministerio Público. La primera investigación tenía que ver con la producción de documentos no auténticos. Hoy nosotros entonces agregamos otro, que es un supuesto hecho de intento de estafa al Instituto, por casi USD 15 millones de dólares», acotó Ruiz Díaz.
Decisión de parar las ajudicaciones en torno a la Bioceánica
El presidente del Indert anunció además la intención de la actual administración del Indert de parar las adjudicaciones de tierras en el Chaco, particularmente de la zona en que se construye el Puente Bioceánica y en toda la travesía de la nueva autopista que atraviesa la región Occidental.
Señaló que esta medida es necesaria para evaluar la creación nuevos métodos de avalúo de tierras próximas a estas obras, aplicando un enfoque de valor de meracado. Si esto no se realiza, el Estado no podrá recoger el efecto plusvalía en torno a la ruta Bioceánica, lo que implicaría perder unos 3.500 millones de dólares, advirtió Ruiz Díaz.
Indicó que para ello se trabajará con el Congreso Nacional, a donde también se remitirán los informes de las adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2023. En ese periodo, se realizó el 99,4% de las adjudicaciones de tierras en la región de la Bioceánica, con aparentes casos de prestanombres y otros mecanismos irregulares para evadir el Estatuto Agrario, precisó el presidente.
«La primera gran adjudicación en 2020, de unas 3.500 hectáreas, que se cobraron entre 2021 y 2022, con los valores fijados en la resolución del 2013. Del 1 enero al 15 de agosto de 2023 se adjudicaron otras 6.400 hectáreas en Carmelo Peralta con esos mismos valores, de 585.000 guaraníes la hectárea», detalló.
Indicó que en la actual administración solamente fueron adjudicadas 62 hectáreas en 2024 y ninguna más desde entonces.
«Vamos a parar toda adjudicación y vamos a trabajar con un grupo de congresistas para revisar todas las adjudicaciones», dijo Ruiz Díaz.
