Asunción, Agencia IP.- Durante la Cumbre de Poderes celebrada este lunes en Palacio de Gobierno, las autoridades condenaron la corrupción en todas sus formas y ratificaron el compromiso de que los hechos denunciados sean esclarecidos y que «caiga todo el peso de la ley sobre los responsables». También se garantizó «el apoyo irrestricto al sagrado derecho de información y a la libertad de prensa».
El presidente de la República, Santiago Peña, se dirigió a la ciudadanía tras la reunión de tres horas para socializar las decisiones adoptadas por las autoridades de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los extra-poderes Ministerio Público y Contraloría General.
En primer término, consideró que el diálogo entre los diferentes poderes del Estado es fundamental para enfrentar «sin rodeos» el problema de la lucha contra la corrupción en el país, considerando que el Paraguay ha obtenido el grado de inversión el año pasado y que está listo para encontrar su lugar en el concierto internacional de las naciones, debiendo demostrar que toma en serio los problemas que la aquejan.
Asimismo, remarcó su compromiso como presidente de la República, de seguir abogando por un Paraguay prospero, desarrollado y que brinde todas las garantías a los paraguayos para poder salir adelante.
El mandatario también recordó la vigencia de la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, que fue aprobado el 23 de noviembre del 2023 fruto de la primera Cumbre de Poderes el 20 de agosto del 2023, de la cual salió la Ley 7.389/2024, y cuyo primer Consejo Nacional Anticorrupción se instalará en los próximos días, adelantó.
“Con lo cual queda claro que la lucha contra la corrupción en todos sus estamentos y órganos ha venido siendo una preocupación constante y permanente de las autoridades”, dijo.
En otro momento, Santiago Peña hizo hincapié en el apoyo irrestricto al sagrado derecho de información y a la libertad de prensa, al que describió como la caja de resonancia de los ciudadanos. Y a su vez, permite la vigilancia permanente que la democracia requiere para ser sana y vigorosa.
“Es importante asimismo que la clase política tome conciencia de esta lucha contra la corrupción, que no pertenece a un movimiento, partido o grupo sino es un problema que primero debe ser asumido, para poder ser derrotado después”, aseveró.
A continuación, se detallan las conclusiones:
Condenar absoluta y enérgicamente todo y cualquier acto, que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento de los órganos constitucionales legítimamente constituidos.
Asumir el compromiso de reafirmar dentro del marco de la independencia de poderes y órganos de que las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito para que los hechos que sean denunciados sean esclarecidos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.
Proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia. En ese contexto, asumieron el compromiso de que los periodistas que se encuentren denunciando hechos tengan la debida protección jurídica y física para poder ejercer su misión.
Instar a la clase política sin distinción de banderías, movimientos o partidos a colaborar con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de soluciones en la lucha contra la corrupción, evitando así, la irrupción de elementos mesiánicos que se aprovechen de coyunturas para socavar las instituciones democráticas, abiertas y republicas, de las que goza el Paraguay desde el año 1989.
Ratificar el compromiso de que todos los poderes y órganos firmantes, seguirán implementando y profundizando la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada el 23 de noviembre del 2023, la cual según dijo, ya ha venido siendo trabajada por las distintas instituciones y que incluye entre sus puntos, al fortalecimiento de los órganos constitucionales legítimamente constituidos.
Instar al respeto de los objetivos, misiones y plazos en la investigación penal, en consideración de que los sujetos procesales deben contar con todas las evidencias legales para efectuar sus requerimientos y el debido respeto a las garantías constitucionales.
Abogar por la implementación de la «iniciativa 28» de la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada por las autoridades firmantes, la cual se refiere en concreto a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a través de la cual se comprometen a activar los mecanismos para que los miembros de dicho estamento, impulsen y alcancen la aprobación de un reglamento que imponga restricción a los miembros del JEM, de mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general.
En ese punto, establece que la comunicación de los miembros del Jurado con cualquier magistrado deberá ser oficial y pública.
“Hemos reafirmado el deseo, de los representantes de los organismos que están presentes, de seguir luchando cada uno en nuestros espacios, pero uniéndonos entre todos para que el Paraguay pueda seguir avanzando y progresando”, sentenció el presidente Peña.
