Asunción, Agencia IP.- Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral se reunieron este martes con el presidente de la República, Santiago Peña, para solicitar el apoyo al proyecto de presupuesto 2025, que contempla la adquisición de al menos 25.000 máquinas de votación para los próximos procesos electorales.
«La Justicia Electoral está planteando adquirir las máquinas de votación para ocho periodos electorales, ya no alquilar. Según las recomendaciones, tanto económicas como tecnológicas, nos da mayor soporte a futuro adquirir las máquinas y también a la larga nos sale mucho más barato adquirirlas que alquilarlas», dijo el presidente del TSJE, César Rossel.
Indicó que el presupuesto para la compra de las máquinas es de aproximadamente 100 millones de dólares, monto que está contemplado dentro del proyecto de presupuesto para el 2025 en estudio actualmente en el Congreso. «Venimos a pedir el apoyo del Ejecutivo sobre este presupuesto para la Justicia Electoral», informó Rossel.
Añadió que la intención de la Justicia Electoral es contar ya con las maquinas un año antes de las próximas elecciones, para que los electores puedan conocer y ensayar el uso de las mismas.
Indicó que la idea es tener entre 25.000 a 30.000 maquinas, cantidad suficiente para poder hacer una elección tranquila y previendo toda la capacitación necesaria en cuanto a su uso.
Señaló que con esa cantidad y con las capacitaciones no debería haber filas y colas el día de las elecciones.
«Esto también implica una mayor confianza en los procesos electorales», afirmó Rossel.
El presidente del TSJE recordó que la ley electoral ordena que se utilicen las máquinas de votación y que ocasiones anteriores se tuvieron que alquilar para el sufragio.
«Estamos preparados tenerlas, para que Paraguay pueda tener su propia maquina, su propio software y vamos a tener un equipo de verificación y control mucho más amplio», remarcó.
Por otro lado, Rossel informó que comunicaron al presidente Peña la decisión del TSJE de pausar las reformas electorales técnicas previstas a través del Congreso, considerando que «no es un momento político para presentarlas».
