El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú comunicó a la Cámara de Diputados sobre el proceso penal iniciado al diputado Esteban Samaniego Álvarez, imputado por administración en provecho propio u asociación criminal. Ahora la Cámara de Diputados deberá estudiar el desafuero de Samaniego quien una vez que sea desaforado deberá presentarse ante la justicia.
Asimismo, el citado magistrado citó a la audiencia de imposición de medidas a partir del 20 de diciembre, a Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y los otros 21 imputados por administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.
Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
Del mismo modo se definirá si se ordena el bloqueo de cuentas y el embargo de los imputados en el presente caso.
